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El día que el infierno llegó a la calle Tarata
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El día que el infierno llegó a la calle Tarata

Era las 9 y 15 de la noche del 16 de julio de 1992 cuando un grupo de desconocidos abandonó apresuradamente dos camionetas en la calle dos de Tarata. Prevenidos por los últimos atentados, unos agentes de seguridad siguieron a los jóvenes prófugos y como respuesta recibieron una ráfaga de balas. En medio de la refriega, los vigilantes lograron herir a uno de ellos.

Dos agentes del Banco de Crédito se acercaron a observar los vehículos, advirtieron el peligro, sospecharon que se trataba de coches-bomba y lanzaron la voz de alerta, pero ya era demasiado tarde. Los vigilantes Leoncio Armas y Marco Antonio Franco fueron pulverizados por la violenta explosión que se escuchó en media ciudad.

Un empleado del hotel El Condado que observaba la calle tras escuchar los disparos, murió seccionado por la onda expansiva. En medio de la confusión, unos inquilinos que observaban la refriega cayeron al vacío; en el interior de los edificios, otras personas morían despedazados sin saber por qué.

La cuadra dos de Tarata y las aledañas quedaron destruidas. Vidrios rotos; marcos de puertas y ventanas arrancados de cuajo; paredes agrietadas y derruidas fue lo que quedó de residencias y edificios. El corazón de Miraflores se convirtió en el principal centro de ataque del terrorismo. Militantes del Comité Metropolitano de Sendero Luminoso se encargaron de hacer estallar los coches-bomba con 750 kilos de explosivos, dejando un reguero sangriento: 25 muertos y alrededor de 200 heridos.

Los vidrios de los ventanales estallaron en pedazos y uno de ellos le seccionó la pierna a la niña Vanessa Quiroga. Las paredes de los edificios se resquebrajaron. El fuego se apoderó de los departamentos, en los cuales sobrevivientes espantados trataban de entender lo que pasaba, en medio de la oscuridad, las llamas y el humo.

El fuego que salía de los edificios ardientes se podía ver a lo lejos. Los gritos de dolor, de desesperación, estremecían a los transeúntes que acudían a auxiliar a los sobrevivientes. En medio de las tinieblas, los testigos pudieron ver los restos del chasis de una camioneta que había quedado incrustada en la pared del edificio residencial «Central», que pertenecía al padre del ministro de Economía Carlos Boloña.

En el interior de los edificios, los sobrevivientes pugnaban por escapar del infierno, sortear los escombros, vencer el pánico y ayudar a los heridos. Llamados de urgencia, los bomberos trataban de rescatar sobrevivientes con sus escalas telescópicas. Los que no podían salir, reclamaban ayuda desesperadamente.

En esos momentos, la central de bomberos recibió un dramático llamado: una joven pedía auxilio desde el departamento 402, del edificio ubicado en Tarata 278. «Mi hermano está muerto, mamá se desangra, estoy en medio del incendio, por favor, ¡ayúdenme! ». Pero todos los esfuerzos fueron vanos, Cecilia Cortez Arents murió trágicamente al lado de su madre Consuelo y de su hermano César.

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Las horrendas imágenes fueron captadas por las televisoras locales; los hogares se sumergieron en el horror; las calles de Miraflores estaban cargadas de tensión y dolor. En esos momentos, muchos estaban dispuestos a terminar con estos crímenes a como diera lugar.

En la fecha se cumplían 100 días del autogolpe de Estado promovido por el presidente Fujimori, quien había justificado la acción como «una decisión inapelable para terminar con el terrorismo». Pero en esa semana inacabable de violencia, la mayoría de los peruanos pensaba que esa meta estaba más lejana que nunca. Sendero sumaba ya más de 20 mil atentados y cerca de 12 mil víctimas, desde que diera inicio a su lucha armada.

Abimael Guzmán diría después que el ataque constituyó un golpe al emporio comercial de la zona, otros subversivos contaron que en uno de esos edificios se encontraban alojados los asesores israelitas que habían llegado al país para colaborar con la Policía. Lo cierto es que el golpe resultó de acuerdo a lo planeado: fue un éxito militar para los que idearon la operación.

Fujimori, la clase política, el grueso del pueblo peruano estaban conmocionados. Todos se encontraban preocupados, los ataques del terrorismo mantenían jaqueadas a las fuerzas de seguridad. En las calles, el nerviosismo era visible. Policías alterados, con armas en la mano, vigilaban locales públicos y residencias de funcionarios del Estado, llenos de temor.

La ciudad apenas tenía unas cuantas horas de luz; los apagones podían sorprender a los limeños en cualquier momento, debido a los inacabables atentados senderistas contra las redes de distribución eléctrica. El toque de queda vehicular se iniciaba a las 10 de la noche. A esa hora, pocas personas se atrevían a circular por las calles: el temor se había impuesto en la ciudad.

El país estaba entre aterrado y absorto. Parecía encontrarse en un callejón sin salida. Nadie sabía qué hacer frente al terror y la crisis. El escritor Alfredo Bryce escribió en esos días palabras lapidarias para las clases dirigentes: «…por sinvergüenza, por estúpida, por amnésica e ignorante, la derecha empresarial peruana ni siquiera debe saber hoy que dejó de pensar en el Perú desde la década del 20. Desde entonces se dedicó exclusivamente a sobar, apoyar y sobornar obsequiosamente al gobernante de turno…»

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Entre el 17 y el 24 de julio estallaron 15 coches bombas y 32 personas murieron como consecuencia de los atentados. El Perú jamás había registrado jornadas de violencia como las que se sucedieron en esos dos meses. Entonces el gobierno decidió aplicar su respuesta.

En las calles de Lima circuló un volante amenazador contra el senderismo que había convocado un desafiante paro armado los días 22 y 23 de julio. El titular del volante declaraba: «¡Viva la defensa del pueblo organizado, guerra contra SL!». El texto advertía a las huestes del «presidente Gonzalo» que sus acciones para respaldar el paro armado de julio serían respondidas: «¡Terrorista cobarde! que no das la cara y te amparas en las faldas traicioneras de un partido putrefacto y pasado de moda, fuera de la realidad peruana; tus horas están contadas, pues el 22 y 23 estaremos preparados para hacerte frente!».

«¡Desde hoy pasamos a la ofensiva, mil ojos te estarán observando y un solo tajo cortará tu garganta, así comenzaremos nuestra lucha, vas a morir por obedecer órdenes asesinas de mandos que ni conoces, pues para ellos, eres solamente una pieza reemplazable en el mecanismo de una maquinaria creada ex profesamente por Abimael y su cúpula para enriquecerse extorsionando al pueblo peruano!».

«¡Sabemos también quiénes apoyan o actúan a favor de los terroristas de Sendero Luminoso, en ellos y sus familiares tenemos centradas nuestras miras, por cada atentado o muerto de los días 22 y 23, sabrán experimentar, como nosotros, el dolor que significa perder uno de sus seres queridos, para muestra y para que sepan que no bromeamos, ya empezamos con Cartagena!».

Efectivamente, el abogado Jorge Cartagena, defensor del dirigente senderista Osmán Morote, había sido ametrallado en su oficina, aunque salvó la vida pese a sus graves heridas.

En la mañana del 17 de julio, Fujimori, Montesinos y Hermoza organizaron un cónclave para analizar los hechos de la calle Tarata. Allí recibieron el informe de un agente de inteligencia que indicaba que los autores del atentado se habían refugiado en la residencia de estudiantes de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, más conocida como La Cantuta. La vendetta fue ordenada. La orden era eliminarlos.

Un día después se consumaba el crimen de La Cantuta, pero jamás se comprobó que las víctimas del Grupo Colina hubieran participado en el atentado de la calle Tarata.

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