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Keiko: las llaves de la prisión

La medida impuesta por el juez Richard Concepción Carhuancho, a pedido del fiscal José Domingo Pérez, está impecablemente dictada, ya que ninguno de los vocales ha sostenido que la investigada quede en libertad. Más

Keiko: las llaves de la prisión | 31/03/2020 | Perfil Perú
Luka Gonzáles / AFP / Getty Images

Si bien los votos en el recurso de casación de Keiko Fujimori están divididos entre dos posiciones: dos vocales que opinan por la denegatoria del mismo (Iván Squeiros e Iris Pacheco), y tres porque se le reduzca a solo 18 meses la prisión preventiva (Hugo Príncipe, Jorge Castañeda y Zavina Chávez), no pudiendo existir resolución aún al no completar ninguna de las dos opciones los cuatro votos exigidos por ley; queda claro de lo avanzado hasta ahora que, jurídicamente, la medida impuesta por el juez Richard Concepción Carhuancho, a pedido del fiscal José Domingo Pérez, está impecablemente dictada, ya que ninguno de los vocales ha sostenido que la investigada quede en libertad.

Lo cual significa que, para todos los magistrados de la Corte Suprema, los graves elementos de convicción que vinculan a Keiko al delito de lavado de activos y de liderar una organización criminal están bien fundamentados, así como sus afanes delictivos de obstaculizar la actividad probatoria, y el peligro de fuga.

El poder de Keiko

Sin embargo no deja de ser extraño, preocupante y sospechoso que, pese a ello, y al descomunal poder que detenta la investigada, los tres últimos vocales hayan votado por la reducción a solo 18 meses de prisión, lo cual no es compatible ni razonable con la capacidad y enorme poder que tiene Keiko de continuar por largo tiempo obstaculizando la acción de la justicia, buscando total impunidad para ella y la legión de cómplices que la acompañan.

Los vocales Príncipe, Castañeda y Chávez parecen haber olvidado que la investigada cuenta con una poderosa bancada parlamentaria dedicada, casi exclusivamente, al encubrimiento y la tapadera; por lo que ya ha sido denunciada también por Domingo Pérez como una organización criminal.

También parecen haber olvidado a los bien posicionados caballos de Troya que ella maneja en la fiscalía suprema: Pedro Chávarry, Rodríguez Monteza y Tomás Aladino Gálvez, todos ellos vinculados a los “Cuellos Blancos del Puerto”, con los que ha venido obstaculizando empecinadamente las investigaciones.

Allí está el deslacrado de oficinas de la FN que hizo Chávarry, quien incursionó sigilosamente en ellas como vulgar ladrón de ganzúa y pata de cabra, el papel de abogado defensor de dicha investigada que ha asumido públicamente Rodríguez Monteza, y la reciente presión que viene ejerciendo Tomás Aladino Gálvez sobre la Fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, para que zarandeen del pecho a Domingo Pérez y Rafael Vela en la Junta de Fiscales Supremos, so pretexto de que expliquen los alcances del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht.

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El poder de esas piezas del Ministerio Público en manos de Keiko es de tal magnitud que, como se ha visto en reiteradas ocasiones, han sido bien resguardadas y blindadas por FP en el Congreso, por lo que no fueron acusados constitucionalmente e inhabilitados como correspondía. Tampoco pueden ser destituidos por la Junta Nacional de Justicia que reemplaza al CNM, porque aquella no ha podido ser conformada aún, dada la grave crisis política e institucional que vive el país, surgida, precisamente, al descubrirse que la nefasta organización criminal de “Los Cuellos Blancos” y la “Señora K” manejaban el Poder Judicial y La Fiscalía desde el CNM, por lo que éste tuvo que ser desactivado.

Ni qué decir del poder económico y capacidad de manipulación ejercida mediante acaudalados estudios jurídicos y su propia abogada defensora, que habrían estado instruyendo a numerosos testigos para que mientan en las investigaciones. Ese tentacular poder llegó hasta los establecimientos penales donde, a través de Jaime Yoshiyama, habría estado dando instrucciones a sus cointernos para que no declaren en la Fiscalía, aduciendo que tenía asegurado el éxito en la casación.

Bandeja de plata

Por otro lado, no deja de mover a suspicacia el hecho de que los 18 meses planteados por los magistrados Príncipe, Castañeda y Chávez culminarían en abril 2020, es decir, en pleno mes de elecciones generales, de acuerdo al cronograma electoral de la reforma planteada por Martín Vizcarra; con lo cual dichos magistrados estarían entregando en bandeja de plata las llaves de la prisión a una candidata procesada por lavado de activos, liderar la más grande organización criminal y política que se ha visto, y con el inmenso poder de impunidad a su favor que hemos referido. ¿Casualidad? ¿Error de cálculo? ¿Generosidad salomónica? Dicen que en política no hay casualidades.

Por lo pronto, es inevitable recordar que Jorge Castañeda y Zavina Chávez, dos de los vocales que han votado en favor de los 18 meses, se hicieron conocidos en las últimas semanas por su cercanía y vinculación con César Hinostroza, el jerarca mayor de “Los Cuellos Blancos”. Todo va cuadrando y las piezas del tablero van moviéndose en el momento necesario. Tal vez allí residía la certeza que tenía la detenida de salir bien librada en ese trámite de casación.

Como vemos, aquí no está en juego solo la libertad de Keiko Sofía Fujimori, está en juego sobre todo la liberación, reivindicación e independencia de la justicia; que hasta ahora se encuentra secuestrada y mesada de los cabellos en manos de la “Señora K” y sus aliados, tirada en el suelo, y ultrajada vilmente por los “Cuellos Blancos”.
La magistrada Susana Castañeda Otsú, vocal suprema llamada a dirimir la votación, tiene la palabra.

Antonio Castillo

Antonio Castillo

Abogado, luchador por la democracia.