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Melissa tuvo el valor para decir verdades
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Melissa tuvo el valor para decir verdades

Semanas antes de su muerte, Melissa Alfaro escribió un informe sobre el crimen del alcalde de Huaura, Jesús Morales. Allí decía: «Los asesinatos selectivos y las violaciones a los derechos humanos por parte de grupos paramilitares contra campesinos y autoridades ediles que luchan por una sociedad mejor, que denuncian a los verdugos del pueblo y asisten a los desposeídos, son ya una práctica institucionalizada en la guerra sucia que han venido implementando los gobiernos de turno».

No había que pensar demasiado para saber a dónde apuntaban sus palabras. Había que tener valor para decirlo en esos momentos, cuando la violencia del Estado estallaba con el respaldo de Alberto Fujimori. Eso le costó la vida.

SOBRES-BOMBA

Las acciones con sobresbomba se iniciaron con un atentado al abogado Augusto Zúñiga, el 15 de marzo de 1991. Esta fue la primera señal de que un grupo de aniquilamiento actuaba al interior del Estado. En el primer año del gobierno fujimorista murieron 3,100 personas como consecuencia de la guerra interna. Las muertes se las repartían por igual las fuerzas del orden y Sendero Luminoso. Se calculaba en 300 las personas desaparecidas en ese lapso.

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Entonces campeaba la impunidad. El gobierno promulgó el DL 171 que establecía que cualquier acto delictivo de las fuerzas del orden sería considerado un «acto de servicio» a ser juzgado por un tribunal militar. El DL fue posteriormente derogado por el Congreso, pero eso no cambió la situación.

En los primeros meses de 1991 se desató una oleada de crímenes cuyos autores eran agentes del Estado. El 3 de mayo, un grupo de enmascarados asesinó a seis comuneros de Humaya y Chambara en Huaura. El 21 de junio, un grupo de policías asesinó en el Callao a los hermanos Emilio y Rafael Gómez Paquiyauri y al estudiante Fredy Rodríguez Pighi; el 13 de julio, el periodista Luis Morales Ortega fue asesinado en una calle de Huamanga.

En Junín, se denunció la desaparición de decenas de estudiantes, en los tiempos en que desempeñaba el cargo de jefe político-militar el general Luis Pérez Documet, un hombre que se vincularía con el Grupo Colina. Se trataba de acciones operativas aprobadas por el alto mando del Ejército. Un documento titulado «Operaciones Especiales de Inteligencia », daba cuenta de esas acciones y autorizaba la ejecución extrajudicial de los subversivos.

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Se trataba de una «directiva» para ser cumplida por todos los uniformados. El documento tenía un encabezamiento que rezaba: Directiva 01 del CCFFAA, JICS, tenía además un sello que lo calificaba como secreto.

El documento había sido aprobado un mes antes, en presencia de los jefes militares de todo el país, encabezados por el comandante general del Ejército, Pedro Villanueva, quien anunció que se tomarían decisiones definitivas para enfrentar a la subversión.

Tras escuchar las exposiciones a cargo de Martin Rivas y Carlos Pichilingüe, y luego de un largo debate, se acordó la aprobación de las operaciones de inteligencia.

Días después, Fujimori daría instrucciones para que el documento sea visado por los jefes de Inteligencia: Juan Rivero Lazo (Ejército), Elesvan Bello (FAP), Ibárcena Amico (Marina) y Antonio Ketín Vidal (Policía). Todos dieron su aprobación.

El documento se denominaba «Esquema estratégico táctico para enfrentar al PCP SL» y su objetivo dictar disposiciones «para el planeamiento, ejecución y control de operaciones de inteligencia que permitan la ubicación o destrucción de los grupos subversivos que actúan en áreas geográficas donde su presencia es significativa».

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