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Ley para Fujimori, narcos y genocidas
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Ley para Fujimori, narcos y genocidas

El Poder Ejecutivo envió ayer al Congreso sus observaciones a la llamada Ley Fujimori que dispone que sentenciados de 65 y 84 años de edad salgan libres y se acojan a la detención domiciliaria. En una lista preliminar de 60 beneficiados con esa norma aprobada por el Congreso figuran 35 narcos (más de la mitad), varios ciudadanos y los genocidas del Comando Colina.

Los narcos beneficiarios no son de esos paqueteros de barrio que caen en La Victoria o Comas. Encabeza la lista Dionisio Napurí Lavado, sentenciado a 15 años de cárcel.

Entre los militares presos que recuperarían el aire de la libertad está el general (r) Julio Salazar Monroe, condenado a 25 años de prisión por homicidio agravado. El otro militar en espera es Juan Rivera Lazo, también con sentencia de 25 años.

Otros que gozarán de esta amnistía de anchas puertas son ladrones de alto vuelo, asesinos violentos, en suma, un peligro y una amenaza para los ciudadanos. El hecho de que narcos constituyan la parte sustancial de este beneficio lleva la huella del alanismo y los traficantes de droga del Callao.

Producida la observación de la ley, no se resuelve el peligro. El Congreso dominado por la alianza aprofujimorismo puede insistir en el texto que aprobó.

A la luz de esa realidad adquieren sentido y señalan una ruta de rectificación estas palabras del presidente Martín Vizcarra:

“Nosotros dijimos que en el espíritu de fondo el Perú sí necesita una norma que posibilite que personas de avanzada edad que tengan problemas de salud puedan seguir arresto domiciliario. Estamos de acuerdo con ello. Pero necesitamos una norma que sea debatida a profundidad, que vea todas las aristas posibles para evitar que se puedan filtrar personas encarceladas que sean peligro para la sociedad”.

Entre los aspectos ilegales de la ley Fujimori destaca la liberación de dos miembros del Grupo Colina, que burla el principio del derecho internacional de que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.

Lo que ahora corresponde es exigir la derogación de la inconstitucional ley Fujimori.

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